Esta designación, sin precedentes para un narcótico, señala la intención de Trump de tratar al fentanilo más que como una crisis de salud pública, una amenaza para la seguridad nacional comparable al despliegue y uso de armas químicas. De entrada, la clasificación faculta al Departamento de Defensa de EE.UU para ayudar a las agencias de procuración de justicia en sus tareas antinarcóticos y permite a las agencias de inteligencia desplegar contra los narcotraficantes las herramientas normalmente reservadas para contrarrestar la proliferación de armas. Y dobla la apuesta de militarizar la lucha contra el narcotráfico y lo encara como un enemigo bélico, no un fenómeno criminal.

Conviene aclarar que esta clasificación no es una categoría habitual ni automática en el derecho estadounidense o internacional, por lo que sus efectos dependerían sobre todo de cómo se instrumente. En términos prácticos, implica lo siguiente:

1) Las ADM (nucleares, químicas, biológicas y radiológicas) activan leyes de seguridad nacional en EE.UU, no solo de salud pública o justicia penal.

• Permitirá usar estatutos antiterroristas y de guerra, no solo leyes antidrogas.

• Facilitaría condenas mucho más severas, incluso cadena perpetua, para traficantes vinculados al trasiego o la producción de fentanilo.

• Ampliaría la jurisdicción extraterritorial de EE.UU para perseguir responsables fuera del país.

• El narcotráfico pasaría de ser crimen organizado a amenaza existencial al Estado.

2) Declarar al fentanilo como una ADM -aunado a la decisión a principios de año de declarar a ciertas organizaciones criminales trasnacionales como organizaciones terroristas extranjeras- abre la puerta legal y política a acciones militares.

• Podría usarse como argumento para operaciones militares directas contra grupos criminales en el extranjero; ataques selectivos, con drones o fuerzas especiales.

3) Continua con el modus operandi de esta administración de buscar la expansión del poder del Ejecutivo en EE.UU, reduciendo los controles judiciales, acotando el papel del Legislativo, justificando vigilancia masiva en zonas urbanas donde se distribuye al menudeo el fentanilo, acelerar deportaciones y detenciones, y limitar el debido proceso, normalizando medidas de excepción al interior del país y usando esta medida como una herramienta facciosa contra alcaldes y gobernadores de la oposición.

4) Tratar el fentanilo solo como AMD desplaza el enfoque de salud pública (adicción, tratamiento, prevención), criminalizará a más a consumidores y reduce recursos para atención médica y reducción/mitigación de daño. Hay que subrayar además que si el fentanilo es ahora un AMD, en realidad quienes armaron esas AMD fueron las compañías farmacéuticas inescrupulosas en EE.UU que se dedicaron durante más de una década a recetar opioides a diestra y siniestra como si fuesen caramelos. El fentanilo simplemente se montó sobre lo que ya era una epidemia de abuso de opioides y la convirtió en una gigantesca crisis de salud pública en ese país.

5) La clasificación sería altamente controvertida porque el fentanilo no encaja técnicamente en la definición tradicional -con base en la leyes y las convenciones sobre armas químicas o bacteriológicas- de una ADM. Crearía además un precedente para clasificar otros problemas sociales como “ADM” y por ende es altamente probable que la decisión sea impugnada en tribunales.

6) Evidentemente, México es el país más afectado por esta decisión, aunque también tiene un vector chino relevante. Los impactos para nuestro país serían reales y de alto riesgo en varios niveles. Primero, porque la etiqueta de ADM rompe el marco tradicional de cooperación antidrogas y de responsabilidad compartida. EE.UU podría argumentar “defensa propia” para actuar contra organizaciones narcotraficantes en territorio mexicano y aumentará la presión para permitir en suelo mexicano operaciones de inteligencia estadounidense, presencia de fuerzas especiales y un uso más extenso -coordinado o unilateral- de drones y vigilancia avanzada. Ello además daría más recursos narrativos a Trump para argumentar, la próxima vez que el gobierno y la presidenta de México se negaran a aceptar el apoyo o despliegue de fuerzas especiales u operativos en suelo mexicano, que el Estado mexicano es “incapaz o no está dispuesto” a frenar una amenaza existencial de AMD. Y sin duda podría usarse -como ya se aprendió Trump el caminito desde 2019 cuando AMLO dobló las manos ante la amenaza de aranceles punitivos vinculados a la migración- para condicionar la revisión del TMEC, justificar sanciones selectivas o endurecer reglas comerciales o aduaneras, entre otras medidas potenciales.

Por ello, urgen dos acciones inmediatas para mitigar los potenciales efectos acumulados de estas dos decisiones tomadas hasta el momento por la Administración Trump, a decir, declarar grupos narcotraficantes como organizaciones terroristas y declarar al fentanilo como AMD, y ambas enmarcadas en la nueva estrategia de seguridad nacional de EE.UU 2025 publicada hace dos semanas por la administración.

La primera es declarativa. La Presidenta Sheinbaum debería declarar públicamente que nada erosiona y vulnera más la soberanía nacional de México que la actividad delictiva de los grupos criminales trasnacionales operando de ambos lados de nuestra frontera. La segunda es manifestar la intención de reconstruir y relanzar ya la cooperación integral en materia de seguridad e inteligencia con EE.UU, y eso quiere decir no solo con respecto a la lucha contra el crimen organizado sino en materia de seguridad perimetral norteamericana. La tercera, más compleja sobre todo con esta administración estadounidense, sería constituir un grupo de tarea operativo especial, binacional, controlado y dirigido por autoridades mexicanas, para desactivar operaciones de producción y tráfico de fentanilo en suelo mexicano. Muchos mexicanos lo aplaudirían, aunque indudablemente conlleva muchos riesgos, enfrentará la oposición de muchos otros y requeriría ineludiblemente de protocolos estrictos de operación.